Las instituciones del Estado de Derecho deben garantizar las condiciones que hacen posible la defensa de los derechos individuales y descubrir a tiempo las rendijas por las que se cuela el virus del imperio de la fuerza. Es necesario que la sociedad defienda el Estado de Derecho, que es, junto con el capital humano, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el emprendimiento, una de las cuatro causas que explican más del 84% de las diferencias de crecimiento, desarrollo y bienestar entre los países. Son cuatro elementos que se retroalimentan y se fortalecen en el círculo virtuoso del desarrollo y el ejercicio efectivo de las libertades y derechos fundamentales.
Los desafíos actuales a los que se enfrenta el Imperio de la Ley obligan a su continua reinvención para evitar sucumbir a las tentaciones contemporáneas del populismo, la corrupción y el abuso de poder. Y precisamente uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el Estado de Derecho es el riesgo que suponen las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para la defensa de los derechos y libertades fundamentales.
El desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han transformado el mundo y la manera en la que nos relacionamos en la sociedad en las últimas décadas.
Este desarrollo ha propiciado que los mercados ya sean globales en lugar de nacionales o regionales, y que nos afecte y nos enteremos mucho más ahora que antes de lo que ocurre en cualquier parte del mundo.
Si bien el progreso tecnológico conlleva una mejora en las condiciones de vida y el bienestar social para toda la población, también conlleva algunos riesgos que pueden afectarnos a todos y que desde el derecho debemos combatir, y unos retos a los que nos debemos enfrentar.
Esto es así porque la digitalización y sus aplicaciones afectan o pueden afectar tanto a los derechos personales como a los derechos procesales.
DERECHOS PERSONALES
Uno de los ámbitos a tener en cuenta es el de los derechos personales. Así, en la última década hemos visto cómo se ha incrementado la preocupación por la defensa de derechos, entre otros, la protección de los datos de carácter personal. El Reglamento General de Protección de Datos europeo 2016/679 va en esa dirección y tiene en cuenta que la digitalización de los mercados incrementa el riesgo de un uso inapropiado (y sin consentimiento) de los datos de carácter personal, un uso que puede violar derechos fundamentales como el derecho a la intimidad o al honor. Pero, por supuesto, esta regulación debe contrarrestar también el creciente riesgo de ciberataques a todos esos medios que poseen información de carácter personal y sensible de tantas personas.
La protección de los datos de carácter personal sigue siendo el foco de la reciente regulación europea. Así, el Reglamento 2022/2065 de Servicios Digitales y el Reglamento 2022/1925 de Mercados Digitales, establecen mayores controles y medidas de supervisión sobre la publicidad que los medios ofrecen a los usuarios. Destaca la prohibición de publicidad dirigida a grupos específicos basada en la elaboración de perfiles, tanto de menores como de categorías de datos especialmente sensibles como la orientación sexual o las creencias religiosas. Se pone el énfasis en el consentimiento informado y se establecen mecanismos vinculantes de aviso para que los usuarios puedan notificar a los intermediarios en línea contenidos o actividades potencialmente ilegales en su plataforma.
En especial, en el derecho de los medios, importa y mucho el derecho de las personas a controlar el uso comercial de su nombre, su imagen o cualquier otro aspecto de su identidad. Cualquier publicación que afecte a estos puede conllevar una pérdida de derechos individuales a tenerse en cuenta. Y los medios, con la digitalización y la manera de encontrar información, contrastarla y publicarla, deben tener un creciente cuidado, debido a las posibilidades que promueven las nuevas tecnologías de diseminación y manipulación de los contenidos online que afectan a las personas.
Un ejemplo claro a nivel de daños personales individuales es la violación de la privacidad. Y es que el daño es fácil de hacer pero difícil de reparar en muchas ocasiones. Es a veces complicado discernir para un individuo los usos que las plataformas digitales, las redes sociales y los medios digitales van a realizar de la información individual que se publica en esas plataformas. Esto puede llevar a un uso inapropiado y desautorizado de la imagen personal, que afectará potencialmente a su reputación. La regulación en protección de datos debe velar por este derecho fundamental a la intimidad, con mucho cuidado y presencia en los medios digitales.
MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Además, la digitalización magnifica el alcance de la manipulación de la información, que además de tener implicaciones a nivel de daños personales, también puede suponer una transformación de la realidad que no represente la objetividad que se presupone a los medios que desean informar de la realidad, y que pueden convertirse en aliados de una estrategia de difamación. Es muy importante que el derecho de los medios tenga en cuenta este reto para controlar muy bien los contenidos que publican, para evitar daños, y para que, si estos ocurren, puedan ser reparados.
Las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, además, son capaces de alterar la realidad, lo que dificulta todavía más la labor de los medios digitales de verificar los contenidos que publican. Pero esto no afecta a la responsabilidad que ellos tienen. Es por ello que la Unión Europea está desarrollando un proyecto de Reglamento de Inteligencia Artificial, que será la primera propuesta legislativa de este tipo en el mundo, y podrá servir como referente mundial para regular la Inteligencia Artificial en otras jurisdicciones, como ya lo hizo en su momento el Reglamento General de Protección de Datos. Este proyecto de Reglamento busca garantizar que los sistemas de inteligencia artificial (IA) introducidos en el mercado europeo son seguros y respetan los derechos fundamentales, estableciendo normas de control más estrictas para las Inteligencias Artificiales que presenten mayor riesgo, por ser capaces de alterar la realidad que se percibe.
Esta misma alteración de la realidad puede dificultar otros ámbitos de los derechos fundamentales como es la necesidad de garantías procesales. Esto es así porque mediante alteración de la realidad en vídeos, grabaciones de audio o fotografías, es y será más posible tratar de afectar a procedimientos judiciales mediante pruebas fraudulentas. Es necesario que el derecho en general, y el derecho de los medios, dirigido a los medios digitales, en particular, esté cada vez mejor desarrollado para certificar la validez de los contenidos.
En esta sociedad digital en la que vivimos, cada vez es más complicado diferenciar entre contenido personal y contenido comercial. Esto es así por la enorme presencia en plataformas digitales y en los medios de figuras como los influencers, que pueden de hecho influir en el comportamiento de enormes cantidades de personas.
GLOBALIZACIÓN
La misma globalización lleva a que las fronteras jurisdiccionales sean muchas veces complicadas de entender, y el derecho de los medios, atendiendo a esta globalización digital deberá enfrentarse a este reto, para evitar que comportamientos inadecuados puedan permanecer impunes en distintas jurisdicciones, mediante una regulación a nivel.
Desde que la Sociedad está tan globalizada y digitalizada, es más complicado quizás buscar el equilibrio tan necesario entre dos derechos fundamentales. Por un lado, la protección de los derechos personales y por otro la libertad de expresión. Ambos derechos son fundamentales y se debe velar por ellos, pero a la vez, ambos están en creciente riesgo en esta sociedad digitalizada. La regulación debe tener esto en cuenta para entender cuál es la fina línea que los separa en ocasiones, o que hace que uno de los dos derechos fundamentales deba superponerse al otro.
En definitiva, el derecho de los medios en este mundo digital debe servir para ayudar a sostener el Estado de Derecho, y así, que entre todos consigamos que las nuevas tecnologías sirvan para mejorar nuestra sociedad, pero sin reducir ni poner en riesgo el ejercicio de nuestros derechos fundamentales y libertades.
Javier Cremades, presidente de Cremades & Calvo-Sotelo
