Alrededor de dos millones de euros de inversores canarios de Banco Popular han llegado al Tribunal de la Unión Europea de la mano del abogado canario Roberto Miño…
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Quien coordina la defensa del grupo más numeroso de inversores del Archipiélago afectados por la venta al Santander por un euro del pasado 7 de junio. Según sus cálculos, partiendo del valor objetivo bursátil que debía tener el banco antes de ser intervenido – muy por encima de los 0,31 euros a los que se comercializaron las acciones en el último día de cotización–, en Canarias se han evaporado mas de diez millones de euros.
Miño es miembro del bufete Cremades & Calvo Solelo, que dirige las reclamaciones del grupo más grande de inversores de toda España. El 7 de agosto procedió a impugnar ante el Tribunal General de la Unión Europea la Resolución de la Junta Única de Resolución, el órgano europeo que instrumentalizó lo que Miño ha llamado “la expropiación” de la acciones de todos los inversores.
El abogado explicó que los afectados deben ejercer esta acción cuanto antes para que no expire la vía administrativa.
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