El procedimiento por el asunto de La Seda de Barcelona tuvo como origen la investigación de todas las operaciones presuntamente ficticias que se habrían llevado a cabo desde la cúpula de la mercantil para ocultar la verdadera situación patrimonial de la misma.
Todas las maniobras llevadas a cabo por la cúpula de La Seda de Barcelona, entre las que destaca la presunta simulación de venta de plástico PET a Rusia o Túnez por más de 68 millones de euros, llevaron a aparentar en el año 2006 unas ganancias de más de 5 millones de euros, si bien la situación real era de una pérdida superior a los 60 millones de euros. En el ejercicio siguiente, se reflejaron unos beneficios cercanos a los 3 millones cuando las pérdidas ya habían ascendido a los 87 millones de euros.
Además, La Seda firmó con JATRIOL SL un préstamo participativo por valor de 2,4 millones de euros el 21 de febrero de 2008 con la aparente intención de diversificar el negocio y la reconversión de la actividad textil de la sociedad y otro que ascendió a 17,4 millones el 28 de marzo para la búsqueda de terrenos de cultivo.
Los afectados (unos 500) se aglutinaron en torno a la ASOCIACIÓN UNIDOS POR LA SEDA y a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ACCIONISTAS MINORITARIOS DE EMPRESAS COTIZADAS (AEMEC) cuya defensa fue liderada por CREMADES & CALVO-SOTELO. En 2010, AEMEC y UNIDOS POR LA SEDA interpusieron, ante la fiscalía de Barcelona, varias denuncias sobre operaciones realizadas por los dirigentes de LA SEDA y que habían supuesto un grave perjuicio económico para la compañía. Con estas denuncias el fiscal abrió cuatro querellas: Operación Rusia-Túnez (a la que se refiere esta sentencia), Operación venta licencias de Advansa, Operación Jatroil y Operación compra-venta de acciones propias. Posteriormente, en septiembre de 2015 presentaron una ampliación de querella por falsedad en las cuentas de 2006-2008, que fue admitida en marzo de 2016. El perjuicio representado fue de 24 millones de euros.
