La realidad social española, los acontecimientos sanitarios derivados de la pandemia y la imperativa necesidad de dotar de agilización a la Administración de Justicia, han sido las motivadoras de la sustancial reforma alumbrada por el Real Decreto Ley 6/2023 de 19 de diciembre, en virtud del cual, se pretende dotar de una mejor y más eficiente gestión de los servicios públicos y hacer estos más accesibles.
La vigencia de este cuerpo legal varía en función de sus Libros y Títulos, siendo en parte el 21 de diciembre de 2023 y en lo que atañe a cuestiones procesales de relevancia, la vigencia, tendrá lugar a partir del 20 de marzo de 2024.
Una reforma procesal que obliga a letrados y al resto de personal vinculado directa o indirectamente con la Administración de Justicia, a actualizar sus conocimientos en prácticamente todas las jurisdicciones y para aquellos que continúe sin hacerlo, en cuestiones técnicas y telemáticas.
Interesa traer a colación, la modificación efectuada sobre la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que modifica su artículo 7 bis, con el propósito de brindar protección a aquellas personas con discapacidad o personas mayores que asilo soliciten (65 años o más), focalizando las reformas en garantizar su participación en condiciones de igualdad.
El citado artículo indica que “En el caso de las personas con discapacidad, dichas adaptaciones y ajustes, se realizarán tanto a petición de cualquiera de las partes o del Ministerio Fiscal, como de oficio por el tribunal”.
Además, añade que “En el caso de las personas mayores que no alcancen la edad de ochenta años, dichas adaptaciones y ajustes se realizarán a petición de la persona interesada”.
Los derechos que a estas personas ofrece el nuevo cuerpo legal consisten en llevar a cabo las siguientes medidas:
- Lenguaje claro y sencillo.
- Acceso a apoyos necesarios para que se puedan hacer entender
- Participación de personal experto a modo de facilitador de tareas de adaptación y ajuste.
- Acompañamiento de las personas a su elección.
En Cremades & Calvo Sotelo, abogamos por la conciencia social, tanto de las personas mayores como aquellas que padezcan una detrimento físico o sensorial. Comprometidos con la realidad generada por la brecha digital, esperamos que la nueva reforma legal, ampare a todos los sectores y se hagan valer los valores constitucionales derivados del artículo 24 de nuestra Carta Magna.
Paula Requena Fernández, abogada de Cremades & Calvo-Sotelo
