Guillermo Fariñas es el editor de la agencia de prensa independiente Cubanacán de Santa Clara, en la Provincia de Villa Clara. Su agencia reúne a más de quince periodistas independientes que informan sobre violaciones de derechos humanos y otros asuntos prohibidos en los medios oficiales Cubanos. Fue encarcelado bajo cargos amañados, y condenado a seis años y 10 meses de prisión. Fariñas fue puesto en libertad condicional 14 meses después, en precario estado de salud debido a las huelgas de hambre que protagonizó en la cárcel, e incluso en el hospital, donde lo internaron para que no muriera. Desde que salió en grave estado de salud con una «licencia extrapenal» que pendía como una espada sobre su cabeza, Guillermo necesitaba una silla de ruedas para desplazarse, imposibilitado como estaba para caminar.
Desde entonces, el periodista había podido enviar sus informaciones a los medios extranjeros a través de un cibercafé situado en su ciudad, pero un día, las autoridades le impidieron el acceso a este medio, el único a su disposición. Guillermo Fariñas comenzó entonces una huelga de hambre demandando a las autoridades cubanas el acceso a Internet para todos los ciudadanos cubanos, incluidos los miembros de la oposición.
El derecho a la libertad de expresión no es absoluto en ningún país, ya que los gobiernos siempre prohíben ciertos tipos de expresiones. Bajo la ley internacional, las restricciones a la libertad de expresión tienen que pasar una triple prueba: deben estar regidas por la ley, deben perseguir un objetivo reconocido como legítimo, y deben ser necesarias y proporcionales para cumplir dicho objetivo. Entre los objetivos considerados legítimos están la protección de los derechos y la reputación de otras personas (prevención de la difamación), y la protección de la seguridad nacional, el orden público y la salud. Se reconoce generalmente que las restricciones deben ser la excepción y la libertad de expresión la regla. Pero estas condiciones distan mucho de la realidad.
Los regímenes no democráticos tienen verdadero temor del refortalecimiento de la libertad de expresión producido por la interactividad de las tecnologías digitales. El micropoder de los ciudadanos es más difícil de controlar que los grupos tradicionales de oposición. Gracias a Internet, cada ciudadano es un editor en potencia, por lo que resulta complicado vigilar el flujo de información. Para controlar la Red, los regímenes represivos han encontrado dos soluciones.
La primera, la ya comentada de la dictadura cubana, es prohibir el acceso a la web a la mayoría de la población. Pero Cuba y los demás países que mantienen esta política, como Corea del Norte, se van dando cuenta de que el desarrollo económico que necesitan pasa por el acceso a las nuevas tecnologías digitales.
La segunda opción, el ‘método chino’, es por ello el más extendido entre países no democráticos como Arabia Saudí o Singapur. Tradicionalmente, el régimen comunista chino se ha basado en la distribución de la información dependiendo del rango burocrático. Según el sinólogo Tony Saich, “bajo un sistema semejante, la verdadera base del intercambio son los secretos y el acceso privilegiado a la información”. Ahora el gobierno chino está intentando beneficiarse de las ventajas económicas de Internet sin permitir que se acceda a su complicado sistema de control político. Según explica Nye, la manera de conseguirlo es autorizando sólo cuatro redes de acceso internacional, bloqueando los sitios web y prohibiendo a los sitios web chinos que difundan noticias procedentes de sitios web extranjeros. Al mismo tiempo, las autoridades favorecen igualmente la utilización de la Red, y se sirven de ella como soporte de propaganda. Así, durante la crisis posterior a la interceptación de un avión de vigilancia norteamericano en cielo chino, el gobierno aprovechó la web para endurecer la respuesta nacionalista de los ciudadanos.
Este ‘método chino’, pasa también por bloquear miles de publicaciones digitales instalando filtros para hacerlos inaccesibles. También se instalan programas que permiten leer los mensajes de correo electrónico, buscando palabras clave que sirvan para detener a los ‘ciberdisidentes’. Finalmente, los Estados represivos utilizan cada vez más los servicios de los hackers, que crean virus y programas informáticos de todo tipo, para bloquear las publicaciones indeseables.
El primer ciberdisidente chino condenado, Huang Qi había creado la página www.6-4tianwang.com, en la que se podían leer artículos reclamando a las autoridades chinas una explicación veraz sobre los sucesos de 1989, calificados por Pekín como de «contrarrevolucionarios». También reclamaba datos sobre cientos de estudiantes desaparecidos durante esos episodios nefastos. El Tribunal Intermedio del Pueblo de Pekín sentenció a penas de entre ocho y diez años de cárcel por subversión a él y otros tres activistas que llevaban a cabo sus actividades a través de Internet.
Según ‘Reporteros Sin Fronteros” China es de lejos la mayor cárcel del mundo para los usuarios de la Red, seguida de Vietnam, Cuba, las Maldivas y Siria. Las condenas infligidas a esos individuos, por el simple hecho de expresarse en sitios o foros de discusión, llegan hasta 15 años de cárcel.
Pero, conforme los estados no democráticos se van desarrollando, se les plantea también la necesidad de liberalizar la comunicación en el entorno digital. Mucho más que las presiones ejercidas por las organizaciones cívicas, movidas por las denuncias de los ciberdisidentes, es la necesidad de avanzar en el progreso económico lo que está aflojando los controles de la libertad de expresión. El proceso de la globalización va extendiendo la economía basada en la información por todo el mundo, pero el nuevo sistema exige que esa información sea ampliamente compartida y que goce de libre circulación para obtener los máximos beneficios.
Un caso relevante de esta evolución es el de Singapur, que se enfrenta al dilema de reestructurar su sistema educativo para fomentar la creatividad individual que exige una economía de la información, al tiempo que mantiene una férrea política de control y censura en Internet. Porque, una de las consecuencias evidentes del surgimiento del micropoder es que los gobiernos pierden parte de su capacidad de control sobre los flujos de información social. Así lo comprobó el ejecutivo indio cuando varios ministros tuvieron que dimitir por las informaciones sobre corrupción difundidos por una página web. Algo que resulta frecuente en las democracias occidentales, empieza a afectar a los gobiernos autoritarios a pesar de sus esfuerzos coercitivos.
En la propia China, las cosas van cambiando. Por ejemplo, hasta hace muy poco, los mapas topográficos detallados, de uso común en otros países, estaban estrictamente clasificados. En la escuela no se enseña a los niños a interpretar un mapa. Pero la expansión de las nuevas tecnologías digitales como Internet y los sistemas de navegación por satélite (como el GPS) están empezando a debilitar el control estatal sobre la cartografía. Los dirigentes chinos se quedaron horrorizados cuando descrubrieron que los usuarios del programa Google Earth podían direccional las imágenes del satélite hacia los edificios del interior de Zhongnanhai, el amurallado cuartel general del Partido Comunista, junto con la latitud y longitud exacta de cada uno. Los mapas chinos jamás habían señalado el emplazamiento.
Según cuenta The Economist, hace años SinoMaps Press, la única entidad cartográfica del país, tenía sólo veinte empleados en su división de mapas digitales. En la actualidad, un considerable número de compañías chinas independientes están desarrollando software para navegación usando el sistema americano GPS, a la vez que cartografían digitalmente el terreno. Por supuesto, las imágenes y las bases de datos deben todavía ser examinados por el gobierno para asegurarse de que no desvelan ningún secreto. Ahora, los programas de navegación digital identifican más edificios gubernamentales que los mapas convencionales, pero todavía no contienen lugares como el cuartel general del partido o el ministerio de Defensa.
Pero, por el momento, la libertad de expresión en China es todavía un privilegio, no un derecho, que sólo se concede a una élite. A pesar de las barreras para tener acceso a los medios de publicación y el peligro inherente en publicar noticias e información política, los miembros de esa élite pueden expresar preocupación y crítica sobre el gobierno con menos miedo al castigo que el resto de los ciudadanos chinos. Esta elite está compuesta por altos funcionarios y líderes del Partido Comunista, las personas que están bajo el patrocinio de aquellos líderes, y, en menor medida, algunos académicos y periodistas. También se incluyen a las personas que forman parte de la que podríamos denominar “élite lingüística”, es decir, aquellos que pueden manejarse en otros idiomas, especialmente en inglés. Los sitios web de The Wall Street Journal, New York Times y la CNN son accesibles desde China porque su audiencia en el país se reduce a la insignicante minoría que tiene acceso a Internet además de un buen conocimiento del inglés. En el caso del sitio web de la BBC, en cambio, todas las versiones en distintos idiomas están accesibles, excepto la versión en chino, que está bloqueada.
Es cierto, sin embargo, que las autoridades, han ido reconociendo una libertad de expresión limitada. Pero es porque han advertido que esa libertad limitada permite controlar mejor los problemas sociales. Por un lado, actúa como una válvula de escape para descontentos que rebaja las tensiones polacas. De otra parte, produce la impresión de que en el Partido Comunista Chino se goza de libertad de expresión. También proporciona a las autoridades una forma de monitorizar el estado de ánimo de la población y detectar las debilidades del sistema, manteniendo bajo control a los descontentos.
