Mientras Malinche prosigue con sus funciones en Madrid, narrando musicalmente la visión de Nacho Cano de lo que significó la llegada de los españoles a América, la coyuntura política mexicana está viviendo unos días especialmente tensos.
Acabo de regresar de una visita a la nación hermana. He podido comprobar el test de stress al que está sometida la gran democracia mexicana, como todas, siempre fuerte y siempre frágil. Soy consciente del momento político y jurídico que vive el país, de los debates sobre el Estado de Derecho, la reforma del Instituto Nacional Electoral y la manifestación celebrada ayer domingo. En este contexto, se me ha concedido un privilegio excepcional. En los cuatro días que he visitado la ciudad de México he podido conversar con los principales operadores jurídicos del país, acompañado de una delegación de la World Jurist Association. En primer lugar, el martes me reuní durante casi tres horas con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El miércoles pude conversar con el Fiscal
General de la República, el Sr. Gertz, que con esa ocasión reapareció públicamente por primera vez después de largos meses alejado de los focos. Gertz y López Obrador me habían recibido casi cuatro años atrás, todavía al comienzo de los mandatos de ambos, y del mío propio como Presidente de la WJA. Al día siguiente, el pasado jueves, pude encontrarme con la recién elegida Ministra Presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. También durante estos días he podido contrastar las opiniones de los lideres actuales y pasados de la abogacía mexicana. Intervine, el mismo jueves, como orador invitado, en la toma de protesta de nuevo presidente de la Barra Mexicana de Abogados, mi amigo Víctor Olea, uno de los grandes abogados penalistas del país.
Después de oír a unos a y a otros me dispongo a preparar una opinión fundada sobre lo que está pasando que pueda servir para que las autoridades y la sociedad mexicanas tengan a su disposición una opinión externa, que nos han solicitado. El dictamen será elaborado por un equipo internacional de juristas creado ad hoc por la World Jurist Association que se desplazara cuatro meses al país.
Déjenme que comparta con ustedes las reflexiones que esta visita me ha suscitado. Ojalá puedan ofrecer un marco de reflexión y aportar un grano de arena para que el Estado de Derecho salga, como lo hará, fortalecido.
Para nadie es un secreto que el avance de la guerra en Ucrania, la destrucción del estado de derecho en Venezuela o Nicaragua; el asalto al Capitolio en los Estados Unidos; el grave atentado a la Constitución y el Estado de Derecho promovido desde algunas instituciones autonómicas para sembrar la división entre los ciudadanos de Cataluña, las acciones delictivas de las hordas en Brasil asaltando las instituciones constitucionales, o el actual debate sobre la limitación de competencias del Tribunal Supremo en Israel son ejemplos cercanos de los desafíos que amenazan con socavar los pilares del imperio de la ley en algunas de las democracias.
El populismo, la corrupción y el abuso de poder son plagas que afectan desde antiguo el árbol frondoso que cobija y defiende la dignidad humana, el Estado de Derecho. Y lo hacen ofreciendo una apariencia de legitimidad democrática, de una aparente defensa de la libertad, pero que en realidad supone un decidido y eficaz ataque a la fortaleza constitucional que salvaguarda la vida en paz y libertad de los ciudadanos en ella protegidos.
El imperio de la ley es el concepto esencial en la relación entre el individuo y el poder, particularmente el poder público. Vivir bajo el imperio de la ley significa, entre otras cosas, que el ejercicio del poder público es legítimo solo si está basado en el derecho y está limitado por el derecho. La legitimación del poder público solo se concede si su ejercicio es conforme a la legislación y a la Constitución. La legalidad del poder ejecutivo y judicial, su conformidad a la legislación es necesaria pero no suficiente. La constitucionalidad de las leyes es realmente el requisito ineludible que deriva del elemento básico del imperio de la ley hoy: la primacía de la Constitución.
El imperio de la ley es un concepto general, pero tiene un gran espectro de especificaciones que son comúnmente reconocidas: la ley debe ser clara y determinada; la seguridad jurídica implica estabilidad de las leyes, lo que ayuda a la confianza en el derecho y prohíbe la retroactividad, la aplicación de un derecho nuevo a situaciones anteriores. La seguridad jurídica también implica, y esto es particularmente importante, un control eficiente por un poder judicial, por unos jueces, imparciales e independientes. La revisión de la legislación por la justicia constitucional es incluso la “perfección” del estado de derecho. La proporcionalidad de las limitaciones de la libertad, así como la separación de poderes como conceptos aseguradores de la libertad son también especificaciones del imperio de la ley de la más alta importancia.
El imperio de la ley es un concepto legal básico inherente a la democracia liberal y al constitucionalismo. El concepto vive de la aceptación por la sociedad y del deseo de los actores políticos de practicarlo. Sin implicación, aceptación y compromiso de la comunidad, tampoco hay estado de derecho, y el imperio de la ley se convertiría, en el mejor de los casos, solo en una proclamación vacía de contenido.
Por ello es tan aleccionador entender las claves jurídicas de lo sucedido a nivel global en los inquietantes acontecimientos en México, como también en el asalto al Capitolio; el golpe de Estado de Myanmar; en algunos sorprendentes episodios vividos en Inglaterra con motivo del desarrollo del Brexit, donde algún medio llamó al máximo tribunal del Reino Unido enemigo del pueblo; en los referéndums impulsados por Rusia en Ucrania, o en los sucesos recientes en varios países hermanos de Latinoamericana. En todos esos casos, los actores políticos de primer orden, poder ejecutivo, poder legislativo, e incluso el poder de algunos medios de comunicación, intentaron romper el marco constitucional de convivencia en la sociedad; apuntaron hacia el desprestigio de las instituciones, y por tanto menoscabaron peligrosamente el imperio de la ley. Parece como si las autocracias estuvieran penetrando y venciendo a las democracias, aliadas con agentes y operadores internos que devienen en agentes desconstitucionalizadores.
Esos agentes actúan siguiendo algunos patrones, como la emisión de normas inconstitucionales, o no declaradas inconstitucionales por quién corresponde; la manipulación, la perversión, la interpretación retorcida de la constitución, es decir, la corrupción de la Constitución vía interpretaciones mutativas contra la letra, el espíritu o la ideología de la Constitución; el ataque a los órganos electorales o el falseamiento del proceso electoral; el vaciamiento o desmontaje de la Constitución; la neutralización, el congelamiento o la satelización de los órganos de control de la constitución; el quebrantamiento excepcional de la Constitución o simplemente la reforma constitucional inconstitucional o la extinción de la Constitución. Estos fenómenos constituyen los rasgos principales de la realidad a la que estamos aludiendo. Pero el listado es, desgraciadamente, enunciativo porque hay muchos más episodios coadyuvantes de la desconstitucionalización.
México es la más grande de las democracias que habla en español, con 127 millones de habitantes. Tiene una constitución centenaria y una larga tradición de instituciones jurídicas.
Quiero destacar dos de las grandes aportaciones jurídicas de México al mundo. En primer lugar, entre sus logros jurídicos destaca el haber sido el primer país en incorporar derechos sociales en la vigente Constitución de Querétaro en 1917. Este legado del constitucionalismo mexicano ha sido fundamental para las sociedades de nuestros días. Constituye un aporte sustantivo al constitucionalismo global. Hoy muchos Estados del mundo se proclaman como Estados sociales y democráticos de derecho, como es el caso de España.
También es pionero en introducir a nivel constitucional el juicio o recurso de amparo desde el siglo XIX. Institución que progresivamente se ha incorporado en todos los países iberoamericanos y en un número creciente de constituciones europeas, asiáticas y africanas. Incluso, el “amparo” como recurso efectivo de protección de derechos fundamentales, tuvo una impronta en su consagración como derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en París (art. 8) en 1948, y en la Declaración Americana aprobada el mismo año con ocasión de la Conferencia Internacional Americana de Bogotá (art. XVIII), que creó también la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde surguieron la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han sido fundamentales en el continente americano para la promoción, tutela y vigencia de los derechos humanos, coadyuvando con la democracia y el Estado de Derecho.
Gracias al amparo mexicano, hoy se puede hablar de un Amparo Interamericano y un Amparo Europeo, una protección multinivel a favor de la dignidad humana.
El definitiva, el amparo mexicano ha contribuido a nivel global a la vigencia de los derechos humanos y a fortalecer los valores democráticos, a que prevalezca el imperio de la ley. Se ha configurado un auténtico “Derecho de Amparo”, como lo acuñara el admirado jurisconsulto mexicano Don Héctor Fix-Zamudio, cuyas aportaciones científicas a la institución del amparo resultan invaluables, y que merecidamente recibiera el Premio Nacional de Jurisprudencia por la Barra Mexicana Colegio de Abogados en 1994.
Estas contribuciones de México al mundo, nos deben servir para reflexionar sobre lo que se ha construido a favor del imperio de la ley, pero también sobre los grandes desafíos que hoy vivimos. De ahí la importancia de seguir trabajando arduamente a favor del imperio de la ley. Los jueces y abogados mexicanos y de todo el mundo tenemos una alta responsabilidad para hacer valer el Estado de Derecho. El imperio de la ley nos cuida y protege, y nosotros, los ciudadanos libres, lo promovemos y preservamos.
La tensión entre los distintos poderes del Estado, es propia de una democracia vibrante como la mexicana, pero debe seguir discurriendo dentro de los cauces que marca la actual Constitución de 1917. Con todos mis interlocutores trate de compartir esta preocupación. Y en todos encontré la misma sensibilidad.
También aproveche la ocasión para invitarles a todos al homenaje que un grupo amplio de juristas del mundo haremos a la cultura mexicana con ocasión del próximo Congreso Mundial del Derecho de la World Jurist Association (WJA) que tendrá lugar en la sede de la New York City Bar Assotiation y en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York los próximos días 20 y 21 de julio de 2023. Se que la delegación mexicana será la más numerosa de todas las que participen. Pude firmar un convenio con las cuatro instituciones principales de la abogacía mexicana, la Barra Mexicana de Abogados, Anade, INCAM y el Consejo General de la abogacía Mexicana para facilitar la participación de los abogados mexicanos. En esos días, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Layen recogerá el World Peace and Liberty Award. Me despedí del país en un acto público organizado por la Barra tomando protesta a los nuevos directivos y recibiendo a los nuevos barritas. Recordé e hice mías las preciosas palabras que el gran maestro del Derecho Luis Jiménez de Asúa, pronuncio en aquella ciudad hace más de cincuenta años:” quiero deciros que los españoles nos sentimos en México no como si en su casa estuvieren, sino como que en la suya están”. ¡¡¡¡¡Qué gran país!!!!!
Javier Cremades, presidente de Cremades & Calvo-Sotelo
