Apela a dos artículos del estatuto de Interpol y del tratado de extradición entre España y Venezuela que prohíben actuar cuando la reclamación encierra motivaciones políticas
El líder opositor venezolano Leopoldo López encarará desde los tribunales españoles la petición de extradición aprobada esta semana por el Tribunal Supremo de su país. “No va a huir, confiamos en la Justicia española”, dice su abogado, Juan Carlos Gutiérrez, quien apela a los tratados internacionales que prohíben las entregas por motivos de persecución política.
“No va a escapar, está haciendo su trabajo político por la democracia en Venezuela. Lo vamos a afrontar, vamos a comparecer ante la Audiencia Nacional. Tenemos la confianza de que tomará la decisión justa y correcta. Tenemos sobrada confianza”, afirma en declaraciones a El Confidencial este letrado, que tiene la experiencia de haber defendido a Leopoldo López en 22 procesos penales en Venezuela.
El coordinador nacional del partido Voluntad Popular es uno de los referentes de la oposición al Gobierno chavista de Nicolás Maduro. En 2014, se entregó a las autoridades de su país, que le acusaron de delitos como “instigación pública” y “asociación para delinquir”. Fue condenado a 13 años y nueve meses y permaneció encarcelado hasta 2017 en una prisión militar contra el criterio de diversos organismos internacionales que denunciaron las condiciones que sufrió, desde la ONU hasta Human Rights Watch.
«Estrategia de desgaste»
Se le excarceló y se le impuso un arresto domiciliario que cumplió hasta el intento de levantamiento fallido contra Maduro, tras el que se refugió en la embajada española de Caracas. En octubre del año pasado, logró escapar e instalarse en Madrid junto a su familia. Su abogado también reside en la capital de España. Considera que las autoridades de su país han recuperado el plan que ya usó Chávez contra su cliente y que describe como una “estrategia de desgaste” para que no pueda desarrollar su actividad política y tenga que centrarse en defenderse ante los tribunales.
El Supremo venezolano ha aprobado solicitar su extradición para que cumpla el resto de su condena, de más de ocho años. El abogado Juan Carlos Gutiérrez admite que llevan tiempo trabajando con este posible escenario. Revela que ya ha habido contactos en el pasado tanto con Interpol como con la propia Audiencia Nacional, donde hay varios procedimientos abiertos por asuntos relacionados con Venezuela.
El escenario que manejan Leopoldo López y su abogado es que Interpol reciba la petición por parte de Venezuela. El paso siguiente sería activar una orden de arresto internacional que podría derivar en una detención. En España, el tribunal competente para tramitar estos procesos es la Audiencia Nacional. Pero el abogado confía en que ni siquiera llegue a cursar la orden de detención. Se remite al artículo 3 del estatuto del organismo policial internacional según el cual “está rigurosamente prohibida a la organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político”.
Confía en que la implicación de los organismos internacionales a la hora de criticar el proceso judicial que vivió en su país es garantía suficiente para demostrar esa persecución. Franklin Nieves, el fiscal que fue clave para la condena contra Leopoldo López, ha declarado en diversos medios de comunicación tras huir de Venezuela que el proceso fue una farsa y que las pruebas se inventaron.
Juan Carlos Gutiérrez, quien afirma tener preparada la estrategia de defensa, cita también el artículo 6 del tratado de extradición entre España y Venezuela aprobado en 1990. Establece que “no se concederá la extradición por delitos considerados como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza”.
Otro escenario para iniciar los trámites pasa por el Ministerio de Exteriores venezolano, que tendría que trasladar la solicitud de extradición al departamento homólogo en España. De Exteriores pasaría al Ministerio de Justicia, que lo llevaría al Consejo de Ministros. Una vez en la mesa del Gobierno español, este tiene la potestad de rechazar o aceptar el trámite, que en caso afirmativo pasa a la Audiencia Nacional. El tribunal podría entonces dictar que no ha lugar o pronunciarse a favor de la entrega a Venezuela, en cuyo caso la decisión última recaería de nuevo en el Ejecutivo. «No nos preocupa, pero hay que ponerle el pecho», zanja el letrado del líder opositor.
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