La compra pública innovadora, la herramienta jurídica que cambiará el modelo de apoyo público a la innovación.
La subvención ha sido hasta ahora la principal forma de apoyo público a la innovación. Pero los datos revelan su limitada eficacia. Actualmente, calculado en términos de cash-flow a partir de datos del INE y del Banco de España, cada euro invertido por la administración tiene un retorno de unos 3,5 céntimos. Este resultado es insuficiente y el sector público se plantea no ya en España, sino en toda Europa y en todo el mundo avanzado, cómo puede mejorarlo. Y la respuesta es la Compra Pública Innovadora, CPI, la herramienta jurídica llamada a cambiar el modelo de apoyo público a la innovación, buscando a la vez un mayor impacto en los servicios públicos y más incidencia real en el tejido productivo.
Pero qué es exactamente la CPI. Se trata de un mecanismo jurídico propuesto por la Administración Pública para impulsar la actividad innovadora llevada a cabo por el sector empresarial. Tiene dos modalidades fundamentales: la Compra Pública Precomercial (CPP) y la Compra Pública de Tecnología Innovadora o Compra Pública Innova¬dora (CPTI o CPI). La primera es una contratación de servicios de I+D en la que el comprador público no reserva los resultados para su uso en exclusiva, sino que comparte con las empresas los riesgos y beneficios, de cara a desarrollar soluciones innovadoras que superen las que hay en el mercado. La segunda, la más usual, consiste en la compra de un bien o servicio (por la Administración) que aún no existe pero que puede desarrollarse en un período de tiempo razonable, para complementar las funciones públicas con el desarrollo de tecnología nueva o mejorada.
En resumen, lo que plantea la compra pública innovadora es la utilización de la licitación para estimular la innovación empresarial al tiempo que para mejorar los servicios públicos. La realidad es que las políticas públicas han pregonado la innovación, pero no las han practicado mayoritariamente en sus licitaciones, que es paradójicamente el principal instrumento que tienen para intervenir en la esfera pública. Lógicamente, esto va a cambiar. No se puede predicar la innovación y no dar ejemplo. No se puede pretender estimular el desarrollo innovador del tejido productivo y dejar de lado el principal instrumento que las administraciones tienen, sobre todo en determinados sectores, que es su capacidad de contratación.
La licitación pública representa nada menos que el 19% del PIB en la Unión Europa, porcentaje que se eleva al 40% en sectores como la construcción y al 100% en sectores como Defensa, Seguridad Civil y Emergencias. En España, el peso de la licitación pública supone el 13% del PIB, y el 33% del gasto público. Con estas cifras, resulta, pues, evidente la capacidad que tienen las administraciones de lograr, a través de sus licitaciones, un enorme impacto en la innovación.
En Europa, gobiernos nacionales y regionales ya lo están haciendo. Proyectos emblemáticos acometidos a través de la compra pública innovadora han sido los relacionados con autobuses de hidrógeno en Ámsterdam, la energía solar en piscinas públicas alemanas, el sistema de iluminación en Hamburgo, las ambulancias impulsadas por biogás en Estocolmo, el sistema de comunicación marítima en Noruega, o los LEDs para el alumbrado público de Cascáis. La iniciativa emblemática de Europa 2020 «Unión por la innovación» (COM 2010) subraya la importancia de la contratación pública de innovación y establece el objetivo de crear mercados de contratación en toda la UE con una inversión mínima de al menos 10 billones de euros al año, para las innovaciones que mejoren la eficiencia y la calidad de los servicios públicos al abordar los principales desafíos sociales.
Algunos obstáculos se interponen al empleo de esta fórmula, el principal de los cuales es su desconocimiento por parte de algunas administraciones, especialmente de las más pequeñas, y las reticencias y falta de cultura por parte de las empresas tradicionalmente licitadoras. Sin embargo, más temprano que tarde veremos cómo estos frenos se van superando por la presión de las políticas europeas, el empuje de las empresas más innovadoras, el interés de las administraciones por buscar fórmulas más eficaces y objetivas de dinamización del tejido productivo y con mayor impacto social, y la propia presión de los ciudadanos, demandantes de políticas eficaces y alejadas del clientelismo en el uso de los recursos públicos, que sean capaces de generar bienestar social y estimular el crecimiento innovador.
Francisco José Fernández Romero, socio director de Cremades & Calvo-Sotelo (Sevilla)
