En España, las penas aplicables en casos de acoso sexual varían según la relación entre el agresor y la víctima, la situación de vulnerabilidad de la víctima y el contexto en el que se comete el delito. Las penas pueden incluir prisión, multas e inhabilitación especial para ejercer profesiones o actividades, ajustándose a la gravedad del caso y las circunstancias específicas.
La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, conocida como Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, es la normativa más reciente y relevante que regula las penas por acoso sexual en España. Según esta ley, las penas por acoso sexual pueden incluir prisión de seis a doce meses o multa de diez a quince meses, con inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o actividad de doce a quince meses. Si el agresor se prevalece de una situación de superioridad o comete el delito en centros de detención o protección, las penas pueden aumentar a prisión de uno a dos años e inhabilitación de dieciocho a veinticuatro meses. Además, si la víctima está en situación de especial vulnerabilidad, la pena se impone en su mitad superior («Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre»).
En el ámbito militar, la Ley Orgánica del Código Penal Militar (Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre) establece que los superiores que cometan acoso sexual contra subordinados pueden enfrentar penas de prisión de seis meses a cuatro años y la posible pérdida de empleo («Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre»).
La jurisprudencia refleja la aplicación de estas leyes en casos concretos. Por ejemplo, la Sentencia del AP de Madrid, sección 7 (penal) nº 237/2019 del 08 de abril de 2019, establece penas de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses para casos de abuso sexual, que puede incluir conductas de acoso sexual dependiendo de la gravedad y las circunstancias del caso («Sentencia del AP de Madrid, sección 7 (penal) nº 237/2019 del 08 de abril de 2019»).
Es importante destacar que las penas pueden variar significativamente dependiendo de factores como la relación entre el agresor y la víctima, la existencia de una situación de superioridad, y la vulnerabilidad de la víctima. Además, las normas aplicables pueden diferir en el ámbito militar, donde las consecuencias incluyen la posible pérdida de empleo.
