El nuevo fichaje, con una amplia experiencia, se incorpora como socio y director del departamento de derecho laboral del despacho de abogados.

Cremades & Calvo-Sotelo anuncia la incorporación de Carlos Martínez-Cava Arenas, que llega al bufete como socio y director del departamento de Derecho Laboral. El letrado cuenta con una destacada trayectoria profesional y una clientela de renombre que incluye grandes grupos empresariales como Alsa, Viamed, Permasteelisa, Marceliano Martín y Roan y es uno de los expertos más reconocidos en el ámbito de la jurisdicción social.

Según explican desde el despachos de abogados, la incorporación de MartÍnez Cava-Arenas representa una adquisición estratégica para la firma, «tanto por su amplia experiencia como por su prestigiosa clientela. Su experiencia y habilidades complementarán y potenciarán el equipo, permitiendo enfrentar con mayor eficacia los desafíos del entorno laboral contemporáneo, así como ofrecer soluciones sólidas y avanzadas a sus clientes».

Entre su trayectoria, Cremades destaca dos sentencias especialmente relevantes de Martínez-Cava Arenas. Por un lado, la resolución favorable en materia electoral, donde representó a Nex Continental Holding. en la impugnación del laudo arbitral 49/2023/18. El sindicato UGT había solicitado elecciones parciales, argumentando un incremento en la plantilla de la empresa que superaba los 500 trabajadores, cifra necesaria para justificar la elección de más representantes de los trabajadores. En este sentido, la empresa argumentó que el computo de trabajadores del sindicato, incluía trabajadores interinos, lo cual, no representaba un aumento neto de la plantilla.

Por otro lado, también mencionan la sentencia que estima la demanda interpuesta por Alsa Grupo contra el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que ordenó la inscripción y registro del Plan de Igualdad de la empresa, previamente rechazado. Esta decisión ha establecido un precedente significativo en la implementación de planes de igualdad en circunstancias excepcionales.

Esta decisión busca equilibrar la obligación legal de contar con un plan de igualdad y las dificultades prácticas que pueden surgir en su negociación,

De acuerdo