La caída estrepitosa en bolsa de Abengoa tras el anuncio de su preconcurso de acreedores tuvo consecuencias muy negativas para sus accionistas. Pero esa caída, según un grupo de unos 40 perjudicados, pudo haber sido menor para ellos si la compañía hubiera facilitado información veraz sobre su situación económica.
El despacho de abogados Cremades-Calvo Sotelo presentó hace unos meses una demanda en Sevilla contra Abengoa por haber negado la información real a sus accionistas y perjudicarles. Independientemente del proceso penal que se sigue contra sus responsables, esta es la primera demanda civil contra la sociedad líder en energía solar desde su preconcurso de finales de 2015.
Y la buena noticia para los accionistas es que la demanda ha sido admitida a trámite por el juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla, el mismo que tuvo noticia de la situación de preconcurso presentada por la empresa en noviembre de 2015. Pero hay un detalle, de esos tan sorprendentes de la Justicia española, que limita el posible resarcimiento de los perjudicados: la audiencia previa, es decir, el primer trámite judicial que se va a realizar sobre este asunto, se ha fijado para el 9 de enero… ¡de 2020!
No se sabe si tanto retraso se debe al colapso del juzgado, pero dentro de tres años, con la variación constante de la bolsa, el perjuicio ocasionado en esos pocos días de malas noticias habrá quedado bastante diluido.
Al estilo de las ‘class action’
La demanda es novedosa porque sigue el modelo de las llamadas class action de Estados Unidos: demandas contra compañías por engaño en la información financiera a sus accionistas. En este caso, Abengoa ya tiene varias class action en EEUU tras su caída en el Nasdaq, mientras que en España por ahora sólo se ha interpuesto esta demanda. El escrito presentado por Javier Cremades mantiene que desde finales de 2014 hasta prácticamente tres días antes del preconcurso, Abengoa informó repetidamente en comunicados a la CNMV, juntas, prensa, informes de gestión, informes trimestrales, información contable y otros medios que su situación era positiva. Por ejemplo, en febrero de 2015 la empresa hablaba de un crecimiento del 11% del ebitda y un 24% del beneficio neto, así como de una reducción de la deuda neta consolidada de 3.350 millones.
Las perspectivas anunciadas para 2015 eran incrementar las ventas entre un 10 y un 11% respecto a 2014 y aumentar el ebitda otro 4%. La demanda añade como agravantes las más que suculentas indemnizaciones que se llevaron Felipe Benjumea por abandonar la presidencia (12,48 millones) y Manuel Sánchez (4,48 millones), que incluso fueron objeto de críticas por parte de De Guindos tras conocerse la verdadera situación de la compañía.
Se achaca a la empresa que la ampliación de capital que anunció en 2015, junto a la previsión de un acuerdo multimillonario con Gonvarri Corporación que al final se frustró, formaban parte de la información tergiversada facilitada a los accionistas, que hizo imposible prever la caída de las acciones o la propia suspensión de la cotización que impuso la CNMV, ya que todos pensaban que la situación de la compañía era estable o incluso óptima. De haberlo sabido, alegan, los accionistas podrían haber vendido antes de que las acciones se desplomaran.
