El miércoles 10 de abril, poco antes de la Semana Santa, se conoció el informe pericial encargado por el Juez Central de Instrucción número 4 a los Inspectores del Banco de España, Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo, en los Autos 42/2017 que se siguen en ese Juzgado.
Analizado el informe hemos comprobado, con satisfacción, que su conclusión principal coincide con la línea argumental seguida en la querella que presentamos en nombre de AEMEC y de más de 6.000 perjudicados por la resolución del Banco Popular contra el que fue su presidente Emilio Saracho y cualquier otra persona que pudiera resultar responsable tras la instrucción, por un delito de administración desleal y manipulación del valor de la acción.
En efecto, claramente se desprende del informe pericial que en el momento en que fue resuelto el Banco Popular era solvente. Conformaba el sexto mayor Grupo Bancario Español, con un patrimonio neto de 11.088 millones de euros y una capacidad de generación recurrente de beneficios de 1.105 millones de euros.
Tras sufrir tres graves episodios de fugas de depósitos durante el segundo trimestre de 2017, motivados en gran parte por declaraciones a la prensa, no siempre fundadas, de la situación real del banco; fue resuelto por la JUR, frente a posibles medidas menos gravosas para accionistas y bonistas del banco y, tras amortizar su capital y capitalizar deuda por importe de 2.031 millones euros, fue adjudicado al Banco de Santander por un euro.
Como dice textualmente el Informe pericial las pérdidas de los inversores no se derivaron de la insuficiencia del patrimonio del Banco para absorber las pérdidas de sus activos, sino de la imposibilidad de atender las elevadas e inesperadas solicitudes de retirada de depósitos.
Por otra parte, ante el Auto dictado por el Juez en el mencionado procedimiento penal, acordando la agrupación de las acusaciones particulares en un número reducido, entre 5 y 10, para estar entre ellas hemos puesto en conocimiento del Juzgado que AEMEC es la acusación particular que agrupa a mayor número de perjudicados y de las que representa mayor volumen de capital, que está defendida por nuestro Despacho que tiene acreditada experiencia en casos semejantes y que nuestra acción penal sigue una línea estratégica diferente a la de la mayoría de las acusaciones que se centran en el aumento de capital del año 2016.
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