Buenos días Sr Presidente:
Mi nombre es Luis Fernández de la Gándara. Soy Catedrático de Derecho Mercantil, socio del despacho Cemades y Calvo-Sotelo, e intervengo en esta Junta en nombre de PESCANEM. Como bien sabrá la asociación de accionistas minoritarios de esta compañía, constituida al amparo de lo dispuesto en el artículo 539.4 de la LSC y vinculada a la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, AEMEC.
Pescanova es una empresa y un proyecto que nos merece todo nuestro reconocimiento y admiración. Cincuenta años de historia, liderazgo mundial y calidad de sus productos, son señas de identidad indiscutibles en esta compañía. A pesar de ello hoy estamos todos aquí debido a la grave crisis en que se halla inmersa la compañía.
Nosotros particularmente estamos aquí porque creemos en el futuro de Pescanova. Creemos en su proyecto y creemos en sus posibilidades de recuperación. Es por ello que nos vamos a implicar a fondo en este proceso y vamos a participar activamente en la búsqueda de la mejor solución para esta gran compañía.
En este sentido consideramos que es imprescindible que se constituya un nuevo consejo de administración totalmente independiente y totalmente desligado del anterior. Explico brevemente el porqué de este planteamiento.
Los medios de comunicación afirman y con razón, que en esta compañía hay un problema económico. Un problema económico financiero derivado de una gestión inadecuada. Es por ello que una parte del consejo antiguo, la implicada directamente en la gestión, no debe pues, a nuestro modo de ver, continuar presente en el máximo órgano de gobierno de la sociedad.
Pero a nuestro entender, aquí no nos encontramos sólo ante un problema económico. Nosotros creemos que el verdadero problema de esta compañía ha sido el jurídico, directamente ligado a la generación de confianza. En Pescanova no se han aplicado realmente los estándares mínimos de buen gobierno, y eso es responsabilidad del antiguo consejo en pleno. Ningún miembro pues del antiguo consejo debe permanecer en el órgano directivo de la empresa.
Si a ello añadimos la existencia de un contencioso judicial entre unos miembros y otros, creemos que deben dirimir sus contiendas al margen de la empresa, y dar paso a quien pretende, como nosotros, apostar por una regeneración total del consejo de administración. Los accionista minoritarios somos, conviene recordarlo, el 70 por cien de esta empresa. Si el 20 por cien tiene sus diferencias, que se aparte y las resuelva. El resto nos ocuparemos de defender el interés de todos los accionistas, trabajadores y proveedores, buscando el modo de llegar a un acuerdo satisfactorio con los acreedores.
A la vista de lo indicado Sr Presidente, y en virtud del derecho de todo accionista a formular propuestas de acuerdo ante la Junta general, quisiera someter a la consideración de la Junta una propuesta de nuevo Consejo de administración para esta compañía.
Los socios de Pescanova han sido convocados para aprobar el cese de la totalidad de los consejeros –hoy dimitidos o encausados- y designar a los miembros del nuevo Consejo de administración. El intento inicial del anterior Presidente, Fernandez de Sousa, de acometer la modernización de este último con un equipo a su medida era un despropósito, que en las últimas horas ha hecho bien en corregir.
La legitimación de los consejeros dimisionarios para promover esta operación arroja muy serias dudas. A lo largo de los ejercicios de 2011 y 2012 estos mismos consejeros, hallándose en el ejercicio del cargo, tuvieron razones y oportunidades sobradas para investigar, recabar información complementaria, reforzar la calidad de ésta última y asegurarse de su fiabilidad y suficiencia. Salvo que de las actas de los consejos celebrados en dicho periodo luzca otra cosa –lo que de ser así, ya se sabría- cabe entender que el deber que todo consejero tiene de informarse como un empresario ordenado y representante leal no fue satisfecho. Tal incumplimiento acarrearía, en la medida exigible, su responsabilidad y semejante albur casa mal con el respaldo en el día de hoy del accionariado disperso, fondos e inversores institucionales. Dicho de otra manera: recabar información para colmar los conocimientos que el consejero estima imprescindibles en el correcto desempeño de su cargo es un presupuesto de legitimación. Sin él se deslizaría por una pendiente, cuyo final, en el presente caso, terminaría además naufragando en un conflicto de intereses.
Nuestra propuesta es muy simple: sólo un Consejo de independientes, dotado de experiencia y profesionalidad, designado con los votos de un accionariado no contaminado –lo que exime al periodo previo a la declaración del concurso de la presunción de ser doblemente “sospechoso”- ofrece la garantía firme de una transición ordenada y constructiva gobernada por normas tuitivas del inversor y del mercado .
Muchas gracias Sr Presidente.
